La Economía del riesgo y los proyectos sostenibles: aviso de servicio público

Entre octubre de 2007 y marzo de 2008, dos bancos de inversión norteamericanos, dominantes en el mercado de los derivados financieros (productos creados por la negociación de bonos e hipotecas) sufrieron estrepitosas quiebras.  Dos años atrás Lehman Brothers, uno de los bancos quebrados había sido declarado como un ejemplo de corporación innovadora en el mercado “precisamente por hacer cosas que no pueden verse en ningún otro sitio”. Estas corporaciones habían tomado paquetes de miles de hipotecas con alto grado de riesgo y las habían sacado al mercado con tasas de interés atractivas pero ancladas a una enorme exposición al riesgo. Cuando se dieron cuenta que las cuentas iban al rojo y que las pérdidas por incumplimiento de hipotecas excedían su capital, tuvieron que salir a vender en pánico. La cadena de eventos en efecto dominó provocó pérdidas por miles de billones de dólares en los dos años siguientes.  El gobierno norteamericano y la corona británica tuvieron que pasar a controlar la gestión de al menos trece bancos de gran envergadura debido a su falta de solvencia.

Hoy -5 de febrero- el gobierno federal de los Estados Unidos presentó una demanda judicial contra Standards & Poor’s, la mayor agencia clasificadora de riesgo de los Estados Unidos, por negligencia y no haber cumplido con estándares básicos al realizar la clasificación de los activos financieros tóxicos, los bonos basura  que trajeron abajo el mercado entre el 2007 y 2008. Después de cuatro años al gobierno federal no le queda duda de que hubo colusión de intereses indebida entre bancos y clasificadoras, donde siempre debió existir rigurosidad e independencia.

Ojalá esta medida fuese una estocada mortal a la formación de grupos de interés no éticos en la cultura corporativa de la economía neoliberal, pero desafortunadamente es sólo un deseo.  A mediados de noviembre en tres semanas, el índice Dow Jones, compuesto por los valores de las acciones que cotizan en la Bolsa de New York había retrocedido a los niveles que tenía en enero de 1999: en esas pocas semanas se esfumó el 35% del valor del mercado accionario que había creado la especulación. EL derrumbe tuvo efectos inmediatos en la mayoría de bolsas latinoamericanas. Afortunadamente el Perú se encontraba en el grupo de países cuyas economías no estaban fuerte-mente acopladas a los mercados financieros  y quedó protegido por los fusibles de la inversión productiva.  La reducción de la inversión en la economía quedó encapsulada y el Perú pudo sortear el riesgo.

La situación ha cambiado. El Perú se ha convertido en una plaza atractiva para los capitales de corto plazo y, el efecto combinado de los ingresos estables provenientes de la bonanza de las exportaciones de productos tradicionales, con los flujos de capital neto, ha generado un aumento del endeudamiento general en la economía especialmente en los  hogares. El BCR informó a fines del 2012 La tasa de crecimiento anual  de la deuda por créditos de consumo e hipotecarios osciló entre setiembre de 2011 y marzo de 2012, de 21,2% a 19,6% en consumo y de 27,9% a 25,7% en créditos hipotecarios, la recta para el periodo completo de tres años es muy empinada. La tasa de crecimiento de los créditos fue superior a la observada en el período mas agudo de la crisis global. No existen signos visibles de un aumento de las tasas de incumplimiento de pago de los créditos, pero también es cierto que toda escalada veloz alcanza un punto de inflexión.

Una medida sólida para reducir el riesgo sistémico es  alimentar bases sólidas en la economía real, esto es creando vínculos de nuestro archipiélago de mercados de diversos tamaños, interconectando la economía nacional.

Con una economía que está atrapada por el volumen de exportaciones de materias primas una forma de promover procesos endógenos vinculados al modelo de apertura es fomentar la diversificación de la economía a través de proyectos de diversa envergadura, especialmente aquellos que puedan crear valor agregado a partir de productos locales que tienen amplios márgenes de crecimiento. Eso implicaría que las fuentes de inversión de largo plazo, como es el caso de las AFP disminuyeran sus apuestas en el mercado financiero internacional para pasar a aumentar la proporción de inversiones en la economía real peruana. No obstante a contracorriente con este reto, el BCR decidió en enero de 2013, elevar el umbral permitido de inversión de las AFP en activos extranjeros hasta el 32% (buen trabajo de los lobbystas). Desde noviembre del 2006 el Banco Central ha venido incrementado gradualmente el límite operativo para las inversiones en el exterior, pasando de 10.5% hasta el límite actual de 32%, limitando así el flujo de recursos que podría destinarse a proyectos de origen peruano.

 Se han esgrimido razones en apoyo a una mayor proporción de la inversión en el exterior: la menor envergadura de los productos financieros nacionales, por ejemplo. Aunque en realidad ese argumento se debe  a la carencia de capacidad articuladora y visión de gran escala de nuestros empresarios. Sin embargo, la demanda de inversión en proyectos de suministro acuífero, energéticos y de desarrollo sostenible en la sierra y la Amazonía peruanas es clamorosa. Hasta hace poco otro  de los argumentos era la solvencia y solidez relativa de los activos existentes en los mercados internacionales, especialmente de los derivados. A la luz de los hechos recientes este es un argumento falaz. El propio gobierno norteamericano nos ha dado una clara evidencia. Y los españoles lo saben bien: es prudente hacer caso de los signos y las evidencias.